Una mujer española presentó demanda ante el juzgado de
San Lorenzo del Escorial solicitando que se exhumaran los restos de sus
parientes que descansan en El Valle de los Caídos y se procediera a constatar
su muerte violenta, a identificarlos y a devolverlos a la familia. El juzgado
archivó la demanda, decisión confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid,
sin haber realizado unas "mínimas" diligencias de investigación.
La demandante presentó recurso de amparo alegando que
había sufrido una violación en su derecho a obtener una tutela judicial
efectiva y a la igualdad ante la ley, al haber archivado su demanda sin
efectuar diligencia alguna.
El Tribunal Constitucional inadmitió su demanda porque
no había justificado en el apartado específico la "especial trascendencia
constitucional" de su caso.
Pese a eso el fiscal emplazó inicialmente al Tribunal
a que huyese de razones "excesivamente formalistas y rígidas" ya que
la mujer detalló suficientemente a lo largo de su demanda la relevancia de que
el TC se expresara por primera vez sobre la imprescriptibilidad de las
desapariciones forzadas, los efectos de la Ley de Amnistía o
los convenios internacionales que instan a España a acometer una investigación
judicial efectiva y a reparar a las víctimas.
Esta
postura del Ministerio Público expuesta por escrito hace menos de un mes por el fiscal encargado sostenía la
necesidad de que el Alto Tribunal se pronunciara puesto que los tribunales
están dando respuestas "dispersas, con argumentaciones no pocas veces
contradictorias y sin ajustarse a unos mínimos parámetros interpretativos"
sobre un tema de "relevancia jurídica y social" y para ello
solicitaba que no se inadmitiese a trámite el recurso y se fijasen criterios
respetuosos con nuestro ordenamiento y que diesen seguridad jurídica a los
ciudadanos respecto a esta cuestión.
Sin embargo el fiscal del Tribunal
Constitucional Manuel Miranda, siguiendo instrucciones del fiscal
general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha presentado un escrito de
desistimiento en el que solicita la retirada de su escrito solicitando se fijara
doctrina sobre el deber de los jueces españoles de investigar las
desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura
franquista.
Resulta
incomprensible el cambio de criterio de la Fiscalía en esta cuestión olvidando
su deber de velar por el respeto a la legalidad y haciendo dejación absoluta de
su obligación de proteger a los ciudadanos frente a las decisiones arbitrarias
de los Tribunales y más en este caso en el que la demandante solo pretende que
se reconozca la muerte violenta de sus parientes y la posibilidad de darle
digna sepultura dónde sus descendientes así lo estimen. En fin otro papelón de
Torres-Dulce que deja escapar una buena oportunidad para contribuir a despolitizar una cuestión de mera justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario